12 de gener de 2010

CCOO se mantiene crítica ante la futura ley audiovisual

CCOO SE MANTIENE CRÍTICA ANTE LA FUTURA LEY AUDIOVISUAL Y LAMENTA LAS PRISAS DEL GOBIERNO Y SU SORDERA ANTE LAS PROPUESTAS SINDICALES Y SOCIALES

El trámite parlamentario de la Ley Audiovisual, como ya pasara con la Ley de Financiación de RTVE el pasado verano, y la actitud del Gobierno no son las necesarias para una norma tan importante.

El texto de la Ley Audiovisual aprobado recientemente en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, ni siquiera en Pleno, no cuenta con el apoyo de CCOO, que si reconoce el esfuerzo realizado por IU-ICV para incorporar propuestas sindicales de garantía antiprivatización de las radiotelevisiones públicas autonómicas ante la derogación de la Ley del Tercer Canal, con la enmienda transaccionada siguiente:

"Los prestadores de titularidad pública del servicio de interés económico general de comunicación audiovisual de ámbito autonómico mantendrán su actividad de acuerdo con el régimen previsto en las correspondientes normas de concesión".

Para CCOO esta es la única novedad positiva del trámite parlamentario de esta futura ley, dentro de un año plagado de nuevas normas, como los decretos que permiten las fusiones de las televisiones privadas y la TDT de pago, y la Ley de Financiación de RTVE, que han servido para desvirtuar y debilitar la que tenía que ser la norma audiovisual más importante, en favor de las tesis de quienes defienden intereses audiovisuales empresariales, como UTECA.

CCOO entiende que la futura Ley no va a permitir privatizar las radiotelevisiones públicas autonómicas, pretensión conocida de varios Gobiernos autonómicos, y que esto se ha conseguido desde la firmeza, el rigor y el carácter unitario de las propuestas sindicales, como las de CCOO que ya desde marzo del año pasado viene trasladando a los profesionales del sector, a la ciudadanía, y a las instituciones, que el sector audiovisual no se puede regular a parches con los que ir compensando los intereses corporativos privados, y que de ese proceso los perjudicados son los profesionales del sector, por los riesgos y la precariedad que se introducen, y la ciudadanía, por mantenerles al margen de este proceso en el que tanto tienen que decir y plantear en desarrollo de sus derechos.. Es positivo comprobar que durante este proceso organizaciones sociales y sindicales se han ido sumando a la crítica y a la alternativa necesaria para la regulación audiovisual, aunque hubiera sido más positivo contar con su apoyo en este proceso no sólo para el trámite parlamentario.

Por todo ello hay que destacar la eliminación del concepto de servicio público en el texto de la futura Ley, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica, y se convierte en un elemento marginal, con la consiguiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta. Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que a su vez es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera, los ciudadanos no tienen garantizada su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.

La futura Ley no define el modelo de producción audiovisual en la España del siglo XXI, es meramente una concesión para que los operadores fuertes hagan lo que quieran sin ningún control. Con este texto se abre la posibilidad de que proliferen compañías que se dediquen a emitir lo que contratan a pequeñas productoras. Se elimina la producción propia interna, lo que conlleva la precarización del trabajo en todas las empresas audiovisuales. La destrucción del sector supone la pérdida de las conquistas de la negociación colectiva, que muchos trabajadores de los medios están padeciendo, por la falta de regulación y de control.

El texto legal propuesto por el Gobierno y aprobado con el apoyo de CIU y CC articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Si queremos tener una industria de la comunicación audiovisual sostenible que se sustente en los valores democráticos, la ley debiera comprometer las licencias, los contratos mercantiles suscritos con el Estado, a un mínimo de producción propia interna, garantía de estabilidad y empleo de calidad. Estamos ante una reconversión de sector, auspiciado por el Gobierno sin consenso con los partidos políticos, los sindicatos y los grupos sociales, que deja al margen del debate a la sociedad. Los trabajadores de los medios de comunicación llevan padeciendo desde hace mucho tiempo las arbitrariedades empresariales en cuanto a la desregulación de sus condiciones de trabajo. Con esta reconversión sectorial que el Gobierno ha conseguido aprobar, la estabilidad del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo está en riesgo.

CCOO va a seguir apostando por un sector audiovisual que informe, entretenga y eduque, ya sea desde las radiotelevisiones de titularidad estatal como desde los operadores privados, respetando el cumplimiento del marco normativo tanto sectorial, como laboral y social, por lo que va a mantener su critica al Gobierno y a su Ley Audiovisual hasta conseguir las modificaciones necesarias.