CCOO llama a la Generalitat Valenciana a la apertura de un proceso de negociación que reconozca los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la extinta RTVV en la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.
Madrid, 26 de enero de 2017
En la mañana de hoy, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha notificado a CCOO el fallo recaído en el despido colectivo de RTVV, que quedó visto para sentencia tras la celebración del juicio el pasado 11 de enero. En dicha sentencia se declara ajustado a derecho el citado despido colectivo.
A la espera de un análisis más detallado del contenido de la sentencia y sus fundamentos, es necesario poner en valor el acuerdo alcanzado por CCOO en el ERE de extinción, aun no compartiendo las causas del mismo, como mal menor y mejor protección de las trabajadoras y trabajadores de RTVV. Asimismo, es urgente restablecer el diálogo que permita negociar una salida en torno a la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y la aplicación de la cláusula de preferencia para el personal de la antigua RTVV en la nueva Corporación, que se establecía en el acuerdo de finalización del período de consultas del despido colectivo, hoy validado por la Sala de lo Social Audiencia Nacional.
Más allá del estudio detallado de los fundamentos de la sentencia, lo que sí ha quedado patente a lo largo no sólo del proceso judicial, sino de los años transcurridos desde que el Consell de la Generalitat Valenciana decidió prescindir del servicio público de radio y televisión, cuyo colofón tuvo lugar el 29 de noviembre de 2013 con el fundido a negro de las emisiones, es que la Administración Pública ha legislado para justificar su decisión con esta empresa, cuestión que evidentemente desde CCOO rechazamos.
Para CCOO, “esto y no otra cosa es lo sucedido en RTVV: la totalidad de la plantilla fue separada de sus puestos de trabajo por decisión del Consell, que para blindar su decisión ‘empresarial’ utilizó una ley singular —la Ley 4/2013, de supresión del servicio de RTVV— carente de justificación y arbitraria, obligando al cese de la prestación del servicio público de radio y televisión de la Comunidad Valenciana, llevando consigo la extinción de las relaciones laborales. Y por si el insulto a la razón no fuera suficiente, la decisión fue tomada el mismo día —5 de noviembre de 2013— que se conoció la sentencia de nulidad dictada por el TSJ-CV del anterior despido colectivo perpetrado por el Consell en RTVV, en clara rebeldía y desacato a la justicia”.
Posteriormente, el mismo órgano legislativo y el mismo accionista único de RTVV, constituidos por representantes de distinto signo político que el precedente, promulga la Ley 12/2015, que afirma que la Ley 4/2013, de supresión del servicio de RTVV, es una norma reactiva, al dictarse en respuesta a la sentencia judicial de nulidad del despido, que dio pie de forma abrupta a un proceso de cierre y que se trató de una decisión unilateral, constituyendo un atentado flagrante al derecho de información. Así, se eludió ejecución de la resolución judicial, lo que claramente vulnera los artículos 118 y 24 de la Constitución Española.
Ante el desarrollo de este proceso, CCOO denuncia que “aun reconociendo y evidenciando el travestismo político-empresarial que llevó al disparate de disolver de forma traumática un servicio público, los nuevos representares políticos —que cuando estaban en la oposición denunciaron el cierre de RTVV como carente de causa e ilegal— no se aplican a desvelar la verdadera naturaleza de la decisión, llegando al paroxismo de contraponer las cuestiones y defensas técnicas de las políticas e incluso defendiendo la inviabilidad económica argüida por Alberto Fabra y su séquito, que a nadie —salvo que una ley disponga lo contrario, claro— le puede resultar mínimamente creíble, siendo que en 2012, aun con una enorme deuda residenciada en el Grupo RTVV, se procedió a una reorganización societaria para mantener el servicio, quedando RTVV saneada y libre de deudas a fecha de este nuevo despido, según consta en sentencia firme”.
Más allá de las iniciativas que, tras el estudio detallado de la sentencia, se adopten, desde CCOO reiteramos que solo la apertura de un proceso negociador, basado en los mismos compromisos con los trabajadores y trabajadoras que se adoptaron cuando se produjo el ERE de extinción para el caso de que se abriera nuevamente el servicio de radiotelevisión pública, puede solucionar satisfactoriamente el conflicto.
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Secretaria de Acción Sindical de FSC-CCOO País Valencià
Sentència Audiència Nacional
